¿Hasta
dónde tienen voluntad nuestros gobiernos o el Estado capacidad para cumplir lo
que se suscribe?
Por: Juan Manuel López | febrero 17,
2016
Este es un espacio de
expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista
de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.
No se trata de poner en duda la conveniencia de un
acuerdo con las Farc porque ya se ha dicho que éste, más que necesario, es
indispensable como requisito para buscar la paz.
Lo que ha sucedido es que quienes están en contra
de la firma de ese acuerdo —algunos por dar prioridad a los temas del castigo,
otros por exigir que se trate como una derrota de la insurgencia, y algunos
porque simplemente prefieren la guerra— han logrado desviar los debates y
los análisis hacia el contenido de lo que eventualmente se suscribiría, dejando
de lado temas que pueden ser más relevantes.
Porque un tema es el llamado ‘conflicto armado’ que
enfrenta al estado contra la insurgencia, y otro la violencia endémica que
caracteriza al país y que está en la raíz de ese conflicto armado.
En otras palabras, el tema que tratamos no es como
ahora lo presentan, el de unos malvados colombianos que por una naturaleza
degenerada decidieron tomar las armas para hacerle males a la ciudadanía. Todos
sabemos que es algo mucho más complejo, y por eso que ellos abandonen la
confrontación no basta para encaminarnos hacia el deseado objetivo.
Cada día vemos más cómo la disolución de la
institucionalidad se manifiesta a su turno en más disolución del tejido social.
Pruebas de esto las manifestaciones en Bogotá
contra Trasmilenio; o al hacer seguimiento al caso de las prisiones, contar
todos los días más de treinta nuevos detenidos sin saber cómo los manejan; o
ver como se desmantela la rama judicial en la cúpula mientras se paraliza el
funcionamiento en la base; o como la ‘justicia por mano propia’ llega a
ser la respuesta en situaciones como la de las dos modelos enfrentadas. No se
diga los abusos de los cargos públicos, la criminalidad por parte de quienes
deberían impedirla, o la misma violencia intrafamiliar.
Un país sin un sistema de resolución de conflictos,
en el cual nadie cree en la Administración de Justicia —lo cual es un hecho ya
fuera de discusión—, ni respeto o credibilidad en nada diferente de las
convicciones individuales es inevitablemente un caldo de cultivo para la
violencia y la insurgencia. Violencia entre ciudadanos e insurgencia contra el
Estado.
Hoy la problemática ya no es que ‘la justicia es
para los de ruana’. La dificultad es que mientras más se necesita esa Justicia,
más ineficiente o incluso más inexistente aparece. Mientras más se manifiestan
los problemas sociales de desigualdad, de desempleo, de falta de respuestas a
las necesidades básicas de la población, y más se aspira a que la razón de ser
del Estado sea el bienestar ciudadano, más se encuentra que quienes lo dirigen
defienden como prioridad la ‘salud económica’ de ese Estado en detrimento de lo
que padece la población, y más acuden a la represión y al engaño o manipulación
virtual para imponer un modelo que solo así sobrevive.
No es un secreto que tal como están las cosas
se generarán nuevas modalidades de estructuras delictivas,
tanto alrededor del narcotráfico como de la delincuencia organizada
se generarán nuevas modalidades de estructuras delictivas,
tanto alrededor del narcotráfico como de la delincuencia organizada
Las preguntas o debates deberían ser ¿hasta dónde
tienen voluntad nuestros gobiernos —a comenzar por el actual— o el Estado
capacidad para cumplir lo que se suscribe? Porque las obligaciones no son para
las Farc ya que esas desaparecen con su desmantelamiento o dejación de las
armas. Pero para nadie es un secreto que tal como están las cosas eso generará
nuevas modalidades de estructuras delictivas, tanto alrededor del narcotráfico
como de la delincuencia organizada y muy probablemente de grupos subversivos
protestatarios. ¿Entonces: fuera de la sanción a los individuos qué posibilidad
hay de imponer el cumplimiento de lo que se comprometan? ¿Acaso no se volverá
solo responsabilidad personal lo que corresponde a la contraparte?
Ese es el verdadero escenario del ‘posconflicto’ y
la preparación de cómo se enfrentará esto es lo que debería estar sobre el
tapete. La respuesta hasta ahora es que no se desmantelará la capacidad
represiva, ni se cambiarán los modelos económicos o políticos, que se niega la
posibilidad por no decir la necesidad de una Nueva Constituyente. Y lo confirma
que ni siquiera se plantean las reformas a la Justicia, a la Salud, a la
Educación, ni se crea el Estatuto del Trabajo, sino solo se habla de llevar al
Congreso una nueva Reforma Tributaria.
En vez de propuestas orientadas a corregir las
deficiencias del modelo, se busca reforzarlas, tanto con las medidas que se
toman, como con las presentaciones que se hacen, según las cuales los
resultados son magníficos, y que así lo demuestra la forma en que los califican
quienes los ordenan y quienes de ellos se benefician (‘mejor ministro de
Hacienda del continente’; ‘mejor policía del mundo’; ‘país modelo en la
administración de la crisis’; ‘mejor socio de los Estados Unidos’; ‘ejemplo
exitoso de la lucha antidrogas’).
En concreto: la paz no depende de lo que firme una
guerrilla sino de lo que haga —y no de lo que muestre como propaganda— un
gobierno.
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Etiquetas: acuerdo Farc, institucionalidad, modelo de
gobierno, posconflicto
López, J. (2016). ¿Sí dependerá de una firma la paz en
Colombia? - Las2orillas. [online]
Las2orillas. Tomado de: http://www.las2orillas.co/si-dependera-de-una-firma-la-paz-en-colombia/
el 17 de Febrero de 2016
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